De las políticas públicas a la gobernanza ambiental.

En años recientes el gobierno mexicano ha emitido políticas públicas a fin de proteger al medio ambiente, mejorar el desempeño ambiental, disminuir o controlar los impactos ambientales generados por la actividad humana y reducir la degradación y el deterioro ambiental. Pese a lo anterior, los gobernados perciben a las políticas públicas ambientales como ineficaces para lograr su propósito, los gobernados además perciben que muchas de esas políticas públicas tienen algún grado de interés entre los gobernados y parte de la iniciativa privada. Se está haciendo común que los gobernados nos enteremos de nuevos conflictos de interés entre algunos funcionarios del gobierno que tienen el poder y la iniciativa privada; por ejemplo, los continuos vertidos mineros a ríos en Sonora (La Jornada, 2015), que pese a lo anterior, continúan con su concesiones. El derecho ambiental mexicano formado por principios, leyes, reglamentos y normas, son el marco de referencia frente al cual las políticas que establezcan los gobiernos en sus distintos niveles, tengan legalidad y cierto grado de legitimidad. Sin embargo para que una política sea llamada “pública” (política pública), esas decisiones de gobierno deberían ser concertadas con las partes interesadas, incluyendo a los gobernados; de lo contrario esas decisiones solo son políticas gubernamentales. La legitimidad de las políticas entonces descansa sobre el consenso o discusión que se realice con los actores involucrados